Ellos producen, ellas reproducen

Inas El Dasouki


“Las políticas de género se pueden definir como el conjunto de decisiones, objetivos y medidas adoptadas por las instituciones públicas, con relación al fomento de la igualdad entre mujeres y hombres y a la mejora de la situación socio-económica, política y cultural de la mujer”  (Lombardo, 2004:11)

Actualmente la palabra “feminismo” se encuentra en boca de todos. Desde los políticos en sus discursos de campaña, pasando por los tertulianos de los medios de comunicación hasta las conversaciones de bar con los amigos del barrio. Todo el mundo habla del feminismo y de la importancia de que la igualdad se implante a la par que defienden poseer una serie de valores en pos de la equidad. No obstante, a la hora de intentar analizar la situación social en la cual nos encontramos inmersos nos encontramos que los feminicidios siguen aumentando, sigue existiendo un sesgo en los salarios por cuestiones de sexo, las cualificaciones profesionales que les exigen a las mujeres son superiores a las de los hombres para un mismo cargo, las políticas empresariales siguen prefiriendo contratar a varones que no corran “el riesgo” de quedarse embarazadas… y demás índoles del estilo que fomentan que el ámbito de la producción siga siendo mayoritariamente masculino mientras que el de la reproducción pertenezca a la esfera inherentemente femenina y así perpetuamos los roles de género tradicionales. No obstante, todo esto, bien invisibilizado en un discurso que fomenta los valores de igualdad y alegando que si esto ocurre es “porque ellas quieren” y porque “nadie las obliga a dejar sus trabajos”  ¿Cómo es posible que se produzca esta dicotomía entre el hacer y el decir al punto de creernos realmente nuestro propio discurso?

Retomando la cita que abre el presente ensayo, estas políticas públicas por cuestiones de género tienen su origen en lo que actualmente conocemos como la “segunda ola” feminista, que abarco los años sesenta y setenta. Su importancia deviene en la palabra pública antes mencionada, en tanto que surgen “a partir de la creación de organismos públicos de igualdad, desde los años setenta en adelante en los países europeos y desde los ochenta en España, se empiezan a desarrollar ‘políticas de igualdad’”. (Bustelo y Lombardo, 2007:11). No obstante, no fue hasta el final de la Segunda Guerra Mundial que algunos países europeos empezaran a introducir sus primeras “medidas legales de igualdad y no discriminación, en sus respectivas Constituciones” (Lombardo, 2004:11), con el añadido de que aún a día de hoy existen una amplia gama de países a lo largo del globo que no tienen conciencia social ni política que supone la discriminación por cuestiones de género (bueno, generalmente ni tampoco previenen el racismo, homofobia u otras formas de discriminación). Es en este punto, donde se empezó a generar toda una serie de movimientos sociales y políticos en favor de los derechos de las mujeres que perdura hasta el día de hoy y que ha ido permeando la realidad social de tal modo que se ha implementado en la conciencia colectiva de la misma. Y de ahí el discurso, que es necesario en tanto que el cambio en las maneras de pensar genera maneras de actuar, pero no parece que estemos llevando ese segundo paso a buen cauce en cuanto a medidas políticas se refiere.

Uno de los motivos que podrían explicar la insuficiencia de las medidas adoptadas hasta la fecha sería el hecho de que “las políticas de igualdad están especialmente sujetas a los cambios de partido en el gobierno, nacional o local, que puede abolirlas, mantenerlas o modificarlas.” (Lombardo, 2004:11) dificultando por consiguiente la implantación dentro de una perspectiva a medio o largo plazo. El problema que aquí reside sería, en términos de Sartori, la existencia de una vídeo-política en tanto a que esta ha conseguido otorgar un protagonismo a los actores políticos y su imagen, por encima de los programas electorales y las ideas, que han provocado todo un efecto en cadena dentro de la concepción política que conocíamos haciendo que esta se vuelva mucho más visual, efímera e individualista. Fomentando con ello que los discursos sean amenos para los oyentes, lo cual ha generado que los partidos políticos, desde los nuevos hasta los tradicionales, incluyan algunos mensajes sobre igualdad en sus debates. Aunque luego se demuestre que “la vídeo-política atribuye un peso absolutamente desproporcionado, y a menudo aplastante, a quien no representa una <<fuente autorizada>>” (Sartori, 1998:119) en tanto que no todos los miembros de un partido político poseen una perspectiva o unos conocimientos o capacidad analítica sobre las género, no obstante, parece que sienten la necesidad de demostrar lo contrario.

Dentro de las dificultades sobre las políticas de género que se intentan implantar en España está que estas, en su conjunto y conglomerado, dependen del Instituto de la Mujer (IM), el cual no tiene apenas capacidad de actuación en tanto que:

“Las conclusiones del estudio español “Predecir el impacto de las políticas” destacan algunos de los límites para una política de género española que quiera ser efectiva. Entre ellos está el hecho de que el modelo político utilizado para promover las políticas de género está basado en la doble dependencia tanto del Instituto de la Mujer (el organismo estatal de igualdad, ver capítulo III), como de los distintos Ministerios. Esto no garantiza la autonomía necesaria para que la agencia nacional de igualdad pueda realizar unas políticas que tengan un impacto consistente en la mejora de la situación de las mujeres” (Lombardo, 2004:13)

Así pues, reside un doble problema a la hora de implementar políticas; por un lado el hecho de que el Instituto de la Mujer depende de otros Ministerios y por consiguiente tenga capacidad para impulsar medidas, que no para ejecutarlas; y por otro, el de la rara colaboración de este feminismo institucional con el movimiento feminista. Generando que al final “la exclusión de las perspectivas del movimiento feminista de la elaboración de políticas aumenta las dificultades en la fase de implementación en la que las organizaciones de mujeres están a menudo involucradas.” (Lombardo, 2004:26), como observamos en el ejemplo de la Ley del Aborto que el Ministro del Partido Popular, Alberto Ruiz-Gallardón, que se intentó llevar a cabo sin escuchar ninguno de los intereses del colectivo que decían representar. Otro ejemplo de la insuficiencia de estas medidas la veríamos, en este caso, en su corriente más sociológica, como es el análisis de los indicadores de violencia de género que utiliza el ya mencionado Instituto de la Mujer. Estos, han sido recogidos de una guía de Ángeles Álvarez, que los tomo de una autora argentina que a su vez había tomado el cuestionario de un grupo de mujeres de Texas en los años 80 y que era un grupo de autoconciencia para que estas comenzaran a hablar de sus problemas domésticos. (Casado y García, 2012). ¿Esto qué implicaciones tiene? Pues que dichos indicadores provienen de otro contexto espacio temporal pensado para realizar una intervención, no un análisis de la situación en España. Lo cual dificulta tremendamente el análisis y con ello las políticas que se deseen implementar como paliativo.

Así pues, podemos observar que esta realidad de desigualdad, que se ha confeccionado poco a poco, se ha institucionalizado y legitimado puede ser la razón que nos impide ver que los individuos tenemos capacidad de agencia como cuestionarnos el por qué de las cosas. Es decir, nosotros podemos establecer las reglas de juego dentro de nuestro entorno, ya sea político o cotidiano; movilizarnos en el 7N, determinar nuevas políticas, criticar las existentes o saber desde donde nos estamos posicionando cuando hablamos (ya que nuestros conocimientos son relacionales) y así decidir conscientemente si queremos perpetuar un sistema o desmontarlo.

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