Los retos de Cospedal en Defensa: la jubilación forzosa a los 45 años, la financiación y el Yak-42

María Dolores de Cospedal afronta su primer año al frente del Ministerio de Defensa. Entre la multitud de tareas que tiene pendiente, una parte de ellas por dejación de quien le precedió en el cargo, está la reforma del sistema de financiación –la base para que aumente el gasto militar, su objetivo para estos cuatro años– y dar solución a los miles de soldados que se enfrentan a la expulsión forzosa del Ejército con 45 años.

Ahora, a los retos que ha heredado de su predecesor en el cargo, se ha sumado un incendio que viene del mandato de Federico Trillo. El Consejo de Estado ha dictaminado 14 años después que Defensa tuvo responsabilidad en el accidente del Yak-42 en el que murieron 62 militares. Cospedal ha anunciado que recibirá a las familias, que nunca pudieron reunirse con su antecesor, Pedro Morenés.

La ministra también afrontará una comparecencia en el Congreso por este caso, exigida por todos los partidos de la oposición. Pero su principal tarea en este asunto será responder al informe. Cospedal tiene dos posibilidades: asumir sus conclusiones y cerrar así el caso en opinión de las víctimas o rechazarlas. En ese supuesto, las familias intentarán reabrir la vía del contencioso administrativo para ir contra el Ministerio y exigirle que asuma su culpa.

Una deuda de 20.000 millones

El segundo asunto al que tendrá que hacer frente Cospedal es también una herencia, pero más reciente. Ha cogido el relevo de Morenés en Defensa justo después de que el Tribunal Constitucional acabe con el sistema instaurado para pagar la deuda armamentística, de la que quedan por pagar más de 20.000 millones.

Ya no se podrá echar mano de los créditos extraordinarios, instaurados y exprimidos por Morenés, lo que obliga a incorporar la deuda anual a cada presupuesto, y lo que es más importante, a redefinir el sistema de financiación del Ministerio.

Fue el asunto que centró buena parte de la comparecencia de la ministra en la Comisión de Defensa del Congreso, el 20 diciembre. Cospedal ha ofrecido a los grupos un «diálogo abierto» para «adoptar una planificación presupuestaria» a medio y largo plazo. Se refirió así a la posibilidad de poner en marcha los planes plurianuales, un sistema de financiación que establecería que los presupuestos se hacen para dos años y no para un único ejercicio como hasta ahora.

La reforma del sistema de financiación tiene un objetivo. Cospedal quiere ir aumentando año a año el presupuesto de Defensa hasta que suponga el 2% del PIB, como recomienda la OTAN. Es el compromiso que adquirió Mariano Rajoy y la nueva ministra quiere llevarlo a la práctica. Tiene el respaldo del Observatorio Militar –un consejo de asesores del Ministerio– que en su último informe pedía más financiación para Defensa.

Pero este organismo no quiere que el dinero se destine a nuevo armamento, como mencionó Cospedal en su comparecencia, sino que pide más gasto para mejorar las condiciones de vida de los militares, empezando por las instalaciones, en las que se ha producido «un empeoramiento progresivo».

Expulsión de los mayores de 45 años

Uno de los grandes retos de Cospedal para este año será abordar la expulsión forzosa de militares a los 45 años. La ley dice que si a esa edad no han alcanzado el estatus de militar de carrera, deben abandonar las Fuerzas Armadas. La legislación dice que se les debe ayudar a buscar una salida profesional, pero esto no siempre se cumple.

Las asociaciones calculan que este año llegarán a esa edad 130 militares y que la cifra se disparará en 2018 hasta los 701. A partir de entonces, cada año serán más de mil. Estos militares tienen derecho a paro durante dos años y a una asignación anual de 7.200 euros, lo que supone que el gasto en este tipo de pensiones se disparará durante los próximos años.

Las asociaciones de militares apuestan por aumentar el número de soldados que consiguen el estatus de militar de carrera, además de que el Ministerio mejore la orientación laboral de quienes tienen que abandonar las Fuerzas Armadas.

Cospedal no parece dispuesta a aceptar su primera reclamación. «No podemos tener un Ejército lleno de soldados de 50 años», afirmó durante su comparecencia en el Congreso.

Para tratar de buscar soluciones, la Cámara Baja ha aprobado la puesta en marcha de una subcomisión sobre este asunto. Echará a andar en las próximas semanas, y tanto Unidos Podemos como Ciudadanos quieren que sirva para elaborar una nueva ley que equipare a la tropa y marinería con los militares de carrera. PP y PSOE son más reticentes a esta solución.

Entre los retos más inmediatos de Cospedal está el de designar al nuevo jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD). La tradición dice que tendrá que salir del Ejército de Tierra, porque el actual, Fernando García Sánchez, pertenece a la Armada, y su predecesor, Julio Rodríguez, al Ejército del Aire.

Entre los mejor situados, está el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Jaime Domínguez Buj. Pero también suenan otros nombres como el teniente general Juan Manuel García Montaño, director general de Armamento y Material, Juan Campins, número dos del actual JEME, Miguel Alcañiz, jefe de la UME, o Juan Gómez de Salazar, al frente de las Fuerzas Terrestres,

Este último ha creado otro problema a Cospedal. Gómez de Salazar equiparó a las asociaciones militares con la infiltración del yihadismo entre las tropas y con los grupos delictivos que roban munición. Lo hizo durante una reunión que trataba las vulnerabilidades de seguridad del Ejército. Durante la comparecencia de Cospedal en el Congreso, algunos diputados le pidieron explicaciones y preguntaron si se habían tomado medidas contra él. No hubo respuesta.

Las asociaciones despreciadas por Gómez de Salazar han decidido denunciar los hechos ante la Fiscalía. La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) cree que sus palabras pueden constituir un delito militar, considera que se ha podido dar «un uso de mando contrario al ordenamiento jurídico» y que el teniente general podría haber incurrido en «una grave discriminación por razón de la pertenencia a una asociación profesional». El Ministerio Público tendrá que pronunciarse sobre si ve delito en sus manifestaciones.

Fuente: eldiario.es

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