Cristina Cifuentes pidió ayuda al CNI tras sospechar que Ignacio González la espiaba

José Precedo

El encargo se produjo en el contexto de guerra interna que vivía el PP durante los meses previos a las elecciones de mayo de 2015, cuando aún estaban por designar las candidaturas al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. El partido vivía un período de incertidumbre a la espera de que su líder, Mariano Rajoy, decidiese y otra vez había más candidatos que sillas.

El entonces presidente de la Comunidad, Ignacio González, pugnaba con la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, por ocupar uno de los dos carteles electorales y en medio de ambos emergió Esperanza Aguirre, quien decidió volver a la primera línea política tres años después de dejar la presidencia de la Comunidad de Madrid.

Antes de que el 6 de marzo de 2015 Rajoy desvelase sus planes y descartarse a Ignacio González, ya por entonces sumido en graves sospechas de corrupción, se vivió una batalla incruenta en el Partido Popular de Madrid. El clima era el peor posible porque en esa época Cifuentes y González eran ya enemigos irreconciliables, por mucho que tuvieran que disimular en actos públicos, uno como presidente de la Comunidad y otra como la cara del Gobierno de Rajoy en la región.

Después de recibir varias informaciones extraoficiales y de notar algunos movimientos extraños, el equipo de Cristina Cifuentes llegó a la conclusión de que sus rivales internos en el PP la estaban espiando. La idea de que la gestapillo había resucitado cobraba fuerza en el equipo de Cifuentes. La gestapillo se montó en la Comunidad con Aguirre como presidenta para espiar a enemigos internos como el consejero de Justicia Alfredo Prada y Manuel Cobo, mano derecha del alcalde Alberto Ruiz-Gallardón (ambos aliados de Mariano Rajoy) durante los meses previos al congreso nacional del PP en 2008.

Como delegada del Gobierno, ella ejercía la coordinación de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Madrid pero decidió recurrir al Centro Nacional de Inteligencia, con quien siempre ha mantenido una relación muy cercana y pidió recomendaciones para evitar el espionaje. La instrucción no sorprendió a los agentes del CNI, que ya habían recibido encargos parecidos.

Temor a cámaras y micrófonos

Según fuentes conocedoras de aquella operación, miembros del CNI se reunieron de forma discreta con Cifuentes y le ofrecieron algunas recomendaciones sobre el uso de la telefonía. El temor de Cifuentes era que alguien hubiese instalado cámaras o micrófonos en la oficina de Cifuentes en la sede de la Delegación del Gobierno, ubicada en la calle Miguel Ángel, 25 en pleno centro de Madrid.

Fuentes del CNI desmienten que miembros del centro de Inteligencia hubieran realizado algún tipo de barrido en la delegación del Gobierno, cuya custodia compete a la Policía Nacional.

Los temores de Cifuentes no eran infundados. Por la misma época, la delegada del Gobierno también tuvo un aviso de que un exagente de las fuerzas de seguridad del Estado había recibido instrucciones del entorno de González, que se negó a cumplir, para seguir los movimientos de Cifuentes. Tanto ella como alguno de sus colaboradores supieron además que estaba buceando en sus vidas personales en busca de datos que pudieran apartarlos de la carrera hacia la candidatura, hasta el punto de que alguien estaba recabando informes médicos confidenciales.

A diferencia de lo que pasó en 2008 con el caso de la gestapillo, que nueve años después llegará a juicio – con el Gobierno de Cifuentes ejerciendo la acusación- para determinar si en aquellos seguimientos a Prada y Cobo se malversó dinero público de los madrileños bajo la presidencia de Aguirre, en el caso del presunto espionaje a la entonces delegada del Gobierno en Madrid no hubo denuncia y todas las gestiones se llevaron a cabo con el máximo sigilo.

La pasada semana fue uno de los diputados del PP en la Asamblea de Madrid, Jesús Gómez, exalcalde de Leganés, quien ha llevado el asunto a la Audiencia Nacional.

En su declaración ante el magistrado Eloy Velasco, que instruye la Operación Lezo que ha enviado a prisión a Ignacio González y a parte de su clan familiar, Gómez aseguró que el expresidente madrileño ordenó espiar a Cifuentes y pagó con dinero público campañas de desprestigió contra ella cuando aspiraba a ser cabeza de cartel en Madrid.

El parlamentario del PP en la Asamblea aseguró a los medios tras su comparecencia en la Audiencia Nacional que le contó al juez cómo un despacho de abogados ordenó seguir a Cifuentes. Y añadió que un expolicía se encargó del espionaje hasta que fue detectado por “los servicios de contravigilancia” de la ahora presidenta regional.

Gómez aseguró a la prensa que había aportado pruebas de todo eso al juez Velasco y relacionó al bufete que supuestamente ordenó los seguimientos con la web Estrella Digital, que, según él, pertenece a Ignacio González. El medio ha negado esta información y anunciado una querella contra el diputado del PP.

Dentro de las diferentes guerras intestinas que ha vivido en la última década el PP madrileño, el espionaje ha sido el arma más utilizada por los distintos bandos. El propio Ignacio González lo denunció cuando salió a la luz un vídeo en el que aparecía él y su hombre en los negocios del Canal de Isabel II en América, Edmundo Rodríguez, con unas bolsas de plástico en Cartagena de Indias (Colombia).

Quien fue su rival político, Francisco Granados, que como González sigue encarcelado, este por la Operación Púnica, también fue investigado por la agencia de detectives Método 3 que durante el año 2008 se dedicó a rastrear en el registro de Valdemoro las propiedades que el entonces consejero de la Comunidad tenía inscritas a su nombre.

Fuente: Eldiario.es 

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